Viernes, 10 Febrero 2012

Registradores partidarios de introducir modificaciones en la Ley Hipotecaria o en la Ley de Suelo

 Para que propietarios que adquirieron viviendas pensando que estaban en regla, pero que luego fueron declaradas ilegales, tengan la garantía de que no serán demolidas

El decano-presidente del Colegio de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Alfonso Candau, se ha mostrado partidario de introducir modificaciones en la Ley Hipotecaria o en la Ley de Suelo para que propietarios que adquirieron viviendas pensando que estaban en regla, pero que luego fueron declaradas ilegales, tengan la garantía de que no serán demolidas, un temor que habitualmente comparten los no residentes que se plantean comprar una vivienda en España.Según avanzó a los medios en el marco del 'Congreso Iberoamericano de Registradores', celebrado en Cádiz, los registradores mantendrán un encuentro el próximo lunes con el ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, en el que le expondrán algunas propuestas y le ofrecerán sus servicios para colaborar en la salida de la crisis.Antes, explicó que el principal problema que existe actualmente es que cuando una de estas viviendas es declarada ilegal con posterioridad a su compra, en ocasiones por declararse así el planeamiento urbanístico, el Tribunal Supremo siempre plantea como prioridad el interés urbanístico antes que el del particular.Para evitar que estos propietarios acaben viendo su casa demolida, y aunque existen otras alternativas para dotar de seguridad jurídica a estos propietarios, Candau consideró que ‘siempre lo más determinante y seguro es cambiar la ley’, aunque ello supone un proceso mucho más complejo.El decreto 8/ de medidas de apoyo a los deudores, aprobado el pasado mes de julio y promovido por la entonces secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor, ya introducía para el comprador más exigencias antes de inscribir la vivienda en el registro y se le facilitaba el conocimiento previo de posibles ilegalidades que pudiera arrastrar dicho inmueble. De esa manera se trataba de cubrir su indefensión en el futuro y tratar de mejorar la imagen del mercado español de cara al exterior para intentar atraer a la demanda extranjera.Sin embargo, Corredor, que también estuvo presente en el Congreso de los registradores, indicó a los medios que el problema es que el decreto solo es efectivo para las nuevas adquisiciones y no para las compras consolidadas años atrás.En esta situación, Corredor señaló que la jurisprudencia del Supremo supone una ‘alarma tremenda’ para los propietarios de viviendas y una ‘espada de Damocles’ con la que algunos extranjeros que compraron una vivienda en la costa española para su retiro tienen que vivir.‘Hay una casuística tremenda’, aseguró Corredor, quien criticó que la doctrina del Supremo ‘no da cabida al principio de fe pública’ que se establece en el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, en el que se establece que un comprador debería ver reconocido su derecho a la propiedad, aunque posteriormente se anule, si las causas de la ilegalidad de la vivienda no constaban en el mismo Registro.Por otro lado, Candau ha avanzado que se ha observado un ‘crecimiento exponencial’ de los procesos concursales que está ‘colapsando’ los Juzgados de los Mercantil. Al respecto, los registradores ofrecerán a Gallardón la posibilidad de actuar como árbitros entre las familias o las empresas sobreendeudadas y los bancos en tanto que cuentan ‘con información sobre sus hipotecas, embargos, etc’.Asimismo, ha explicado que los registradores han puesto en marcha en Madrid, en colaboración con la Agencia Tributaria (AEAT), un ‘sistema de embargos electrónicos’, que en la práctica supone la interconexión ‘en tiempo real’ entre ambas instancias, ‘siempre que el afectado haya tenido conocimiento previamente del embargo’.Y es que, los registradores también han detectado en los últimos meses ‘un aumento muy importante de anotaciones de embargo’ procedentes tanto de la AEAT como de la Seguridad Social, incluso sobre cantidades ‘muy pequeñas’.Se estudia una reordenación de las demarcaciones, pero el Ministerio de Justicia tiene la última palabraEl director general de los Registros y del Notariado, Joaquín Rodríguez, ha asegurado que de las 1.100 oficinas de registro y 3.000 notarías que hay en España, alrededor del 50% ‘tienen dificultades para llegar a fin de mes’ y decenas son deficitarias, por lo que es el momento de reordenar las demarcaciones existentes, que se fijaron en los años del 'boom' inmobiliario.En declaraciones a los medios, Rodríguez ha indicado que ahora, en plena crisis del 'ladrillo', es necesario reordenar estas oficinas y hacerlas más ‘eficientes’, proceso que ‘se ha empezado a estudiar’. Según ha señalado, también se da el caso de demarcaciones en las que hay plazas que cubrir, pero que podrían ‘sobrar’.Rodríguez ha concretado que esta reordenación se podría llevar a cabo a través de agrupación de oficinas más que mediante la supresión de una parte, pero ha recordado que la última palabra al respecto la tiene el Ministerio de Justicia, que tendría que emitir una orden ministerial.Por otro lado, el director general de los Registros y del Notariado ha puesto sobre la mesa la posibilidad de ‘pasar a manos de registradores y notarios’ algunas de las atribuciones de los jueces, así como por introducir ‘más flexibilidad’ en los registros. ‘La voluntad política es de quitar trabajo a los tribunales’, ha dicho, a lo que ha añadido que esta cuestión ‘está por concretar’ y que son los colegios de registradores y notarios los que ‘tienen que hacer una propuesta’.Asimismo, Rodríguez ha avanzado que se analizará la simplificación de la ‘maraña de legislación’ que existe en torno al cobro por parte de registradores y notarios de aranceles. Según ha señalado, actualmente es ‘difícil de entender y aplicar’.Preguntado sobre si el camino pasa por una subida de estos aranceles, Rodríguez no se ha mostrado a favor, si bien ha admitido que estos aranceles han descendido en un 25% desde 1989, mientras que los precios públicos han aumentado en la misma medida.Por otro lado, durante la inauguración del Congreso, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, ha avanzado que este organismo firmará próximamente un convenio con el Colegio de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España para nuevos desarrollos tecnológicos en las oficinas judiciales.Al respecto, Rodríguez ha concretado que en virtud de este convenio, los registradores podrían aportar información sobre la situación de fincas en procedimientos y subastas judiciales.Fuente:Urbanoticias 
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